La protesta por parte de los camioneros del norte del país ya lleva 12 horas en curso. La movilización, que se ha declarado de carácter indefinido, tiene como motivo principal elaumento de la inseguridad en la nación sudamericana. La Confederación Fuerza del Norte encabezó el llamado a la protesta, sin embargo, no recibió el respaldo esperado de otros gremios importantes del sector, como la Confederación Nacional Gremial de Dueños de Camiones (CNDC) o la Confederación Nacional Del Transporte De Carga (CNTC). A pesar de ello, según información preliminar, camiones estarían bloqueando rutas en regiones clave como Antofagasta, Coquimbo y en la Ruta 5 Sur en la Región Metropolitana. En medio de este escenario, autoridades locales han intentado mantener la calma y asegurar el normal funcionamiento de las actividades. Karen Behrens, delegada presidencial de Antofagasta, destacó la situación de tranquilidad en la región y afirmó que se está trabajando estrechamente con los comercios para garantizar el abastecimiento de la población. Además, informó que el suministro de combustibles está garantizado al 100% en toda la región, gracias a un esfuerzo coordinado con Carabineros para mantener la seguridad en rutas y puntos críticos. Por su parte, Galo Luna, delegado presidencial de la Región de Coquimbo, señaló la existencia de tres puntos de corte en carreteras dentro de su jurisdicción. En estos lugares, los camiones bloquean parcialmente el tráfico, aunque se permite la circulación en ambos sentidos en algunos casos, como en El Panul. A pesar de la disposición al diálogo por parte del Gobierno, expresada por Luna, las demandas de los manifestantes parecen ir más allá de las preocupaciones cotidianas del sector. La Confederación Fuerza del Norte presentó un documento con una serie de exigencias al Gobierno, entre las que se incluyen medidas como el cierre de fronteras, la expulsión de extranjeros con antecedentes penales y el establecimiento de puntos de seguridad vial.
En una decisión unánime, el Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago ha absuelto al ex comandante en Jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba, y a su esposa, Ana María Pinochet, del delito de lavado de activos. La sentencia final se dará a conocer el próximo lunes 5 de agosto, anunciaron los magistrados tras la lectura del veredicto. La jueza Carolina Escandón, al leer el veredicto, destacó que no se pudo establecer una conexión directa entre el delito base y las maniobras de lavado de activos, específicamente relacionadas con la inyección de efectivo en cuentas corrientes y tarjetas de crédito. Esta declaración llega después de que el Ministerio Público acusara al matrimonio de utilizar fondos provenientes de los gastos reservados del Ejército para su beneficio personal. Durante el juicio, se presentaron detalles sobre cómo supuestamente Fuente-Alba y su esposa desviaron grandes sumas de dinero hacia cuentas personales, utilizándolas para la adquisición de vehículos, pagos de pie para departamentos, entre otros gastos. El fiscal centro norte, José Morales, durante los alegatos de clausura, destacó la frecuencia inusual de las operaciones en efectivo realizadas por Fuente-Alba, señalando que fue cada dos días al banco , lo cual levantó sospechas sobre la conducta del exuniformado. Sin embargo, durante la lectura de la sentencia, el tribunal cuestionó varios aspectos de la investigación liderada por el Ministerio Público. En particular, se señaló una falta de profundización en el análisis de los movimientos de las tarjetas de crédito de Fuente-Alba, lo que dificultó seguir el rastro completo de los fondos y confirmar las fuentes de ingresos y egresos. Además, se criticó el rol del comisario de la Policía de Investigaciones (PDI) Claudio Escobedo, argumentando que no se dieron cuenta de las diligencias realizadas sobre el delito de lavado de activos, y se destacó la necesidad de evidencias sólidas y antecedentes verificables para respaldar las conclusiones de manera contundente. En este contexto, se plantearondudas razonables sobre la solidez de la imputación, especialmente en relación con la inconsistencia entre el análisis patrimonial realizado por el perito Cristian Álvarez y la acusación presentada, desde el punto de vista del incremento patrimonial.
En medio del paro indefinido convocado por camioneros del norte de Chile para protestar por la inseguridad en la región, el Ministro de Hacienda, Mario Marcel, expresó su desconcierto ante esta medida de fuerza. En declaraciones a Radio ADN, Marcel afirmó que resulta difícil de entender la paralización, especialmente cuando el Gobierno está dedicado prioritariamente a abordar el tema de la seguridad. Las reivindicaciones de estos grupos (en materia de seguridad) son temas que están en el primer lugar de la agenda del Gobierno, entonces es difícil entender este tipo de paralizaciones cuando el Gobierno está dedicado en gran medida a enfrentar este tipo de situaciones . Asimismo, señaló que “en general, las paralizaciones parciales tienen un impacto más bien limitado en lo económico, y que depende hasta dónde se altera la libre circulación . El paro, que comenzó a la medianoche del lunes, ha generado importantes alteraciones en el tráfico, especialmente en regiones como Arica y Antofagasta, donde se han reportado cortes de tránsito en algunas rutas clave. La Confederación Fuerza del Norte, principal convocante de la movilización, ha presentado un documento con una serie de exigencias destinadas a mejorar la seguridad vial de los trabajadores del transporte de carga, incluyendo la solicitud de declarar estado de excepción en la frontera y la expulsión de ciudadanos extranjeros. No obstante, es importante destacar que este paro no ha contado con el respaldo de otros importantes gremios del sector, como la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile (CNDC) ni la Confederación Nacional de Transporte de Carga (CNTC), lo que evidencia divisiones en torno a la estrategia de protesta adoptada por los camioneros del norte.
Este lunes, el Congreso Nacional se encuentra ante una jornada de vital importancia. Tanto el Senado como la Cámara de Diputadas y Diputados tendrán la tarea de votar la tan esperada ley corta de isapres, tras un extenso período de tramitación que se ha extendido por más de un año. El proyecto en discusión fue ingresado con el objetivo de establecer un mecanismo que permita cumplir con el fallo de la Corte Suprema, el cual obliga a las aseguradoras de salud a devolver los montos cobrados en exceso a sus afiliados, una suma estimada en cerca de 1.600 millones de dólares. La propuesta aprobada en la Comisión Mixta contempla diversas disposiciones, entre las que se destaca la posibilidad de que las isapres salden las deudas de sus afiliados menores de 65 años en un plazo de 13 años. Además, se permite el ajuste en el precio de los planes de salud utilizando el Indicador de Costos de la Salud (ICSA) durante un período de tres años, es decir, hasta el 2027. Se espera que la votación del proyecto se lleve a cabo durante la tarde del lunes en la Sala del Senado, programada entre las 14 y las 16:30 horas. Posteriormente, en la misma jornada, la Cámara de Diputadas y Diputados realizará su propia votación al respecto. En caso de que ambas instancias legislativas aprueben el proyecto, este quedará en condiciones de ser promulgado.
Este jueves se llevó a cabo la formalización de nueve jugadores, todos ex cadetes de Cobreloa, acusados de perpetrar una violación masiva a una joven en 2021 en la Casa Naranja. La revelación, publicada por La Tercera, identifica a los presuntos agresores como Óscar Ramírez Mendoza, Cristóbal Saravia Arredondo, Jhan Góngora Ordoñez, Rivaldo Hernández Pizarro, Nicolás Navarro Villafuerte, Patricio Romero Leiva, Lucas Román Avilés, Joaquín Agüero Núñez y Luciano Parra Villanueva. Según el testimonio de la víctima, identificada como Valentina, el brutal ataque ocurrió el 16 de septiembre de 2021, en un entorno habitado por futbolistas y cadetes del equipo. Valentina relató cómo fue agredida por ocho personas, describiendo una escena de violencia extrema donde fue golpeada con un cinturón, estrangulada y sometida mientras los agresores consumían alcohol, marihuana y cocaína. Valentina explicó que llegué a esa casa como a las 22.30 horas, me invitó un amigo que yo tenía en ese tiempo, porque era 18 de septiembre y se trataba de un asado. Yo fui con uno al baño, y llegando al baño me encuentro que hay dos personas más. Ahí intento salir del baño, y me toman de los brazos y me llevan a una pieza. Ahí habían más personas”. “Traté de escaparme, estaba shockeada, por eso no hice nada , agregó. Asimismo, señaló que fue grabada por videollamada mientras se cometía el ilícito: “Me mostraban (por la cámara) y decían ‘mira cómo tenemos a esta mina’ y se reían. Me sentía mal, me sentía sucia, pero yo decía que si me dejaba, iba a ser más rápido. Si me oponía podían hacer algo peor”. Tras casi tres años de investigación, el Ministerio Público logró reunir pruebas suficientes para formalizar a los sospechosos y solicitar su prisión preventiva, medida que será revisada este viernes. Entre las evidencias presentadas se encuentran peritajes realizados por la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de la Policía de Investigaciones (PDI), que respaldan las acusaciones de agresión sexual. Los informes médicos revelaron lesiones físicas consistentes con el relato de Valentina, corroborando la gravedad del ataque. Un informe emitido por el Hospital Carlos Cisterna de Calama confirmó signos físicos de violencia sexual evidente, respaldando así el testimonio de la víctima. Entre estas lesiones se encontraban hematomas y lesiones en la espalda, glúteos y en la zona genital. El informe de la atención en urgencia firmado por la doctora Alejandra Ledezma Soza, y que tiene fecha 17 de septiembre de 2021, concluyó: “Relato otorgado por paciente más signos físicos sugerentes de violencia sexual flagrante”. Además, se reveló que uno de los acusados, Lucas Román Avilés, no habría participado directamente en el acto, pero sí habría grabado el ataque. Aunque Valentina inicialmente había desistido de denunciar el crimen, la Fiscalía concluyó que el delito efectivamente ocurrió, respaldada por pruebas médicas y testimonios periciales.
La protesta por parte de los camioneros del norte del país ya lleva 12 horas en curso. La movilización, que se ha declarado de carácter indefinido, tiene como motivo principal elaumento de la inseguridad en la nación sudamericana. La Confederación Fuerza del Norte encabezó el llamado a la protesta, sin embargo, no recibió el respaldo esperado de otros gremios importantes del sector, como la Confederación Nacional Gremial de Dueños de Camiones (CNDC) o la Confederación Nacional Del Transporte De Carga (CNTC). A pesar de ello, según información preliminar, camiones estarían bloqueando rutas en regiones clave como Antofagasta, Coquimbo y en la Ruta 5 Sur en la Región Metropolitana. En medio de este escenario, autoridades locales han intentado mantener la calma y asegurar el normal funcionamiento de las actividades. Karen Behrens, delegada presidencial de Antofagasta, destacó la situación de tranquilidad en la región y afirmó que se está trabajando estrechamente con los comercios para garantizar el abastecimiento de la población. Además, informó que el suministro de combustibles está garantizado al 100% en toda la región, gracias a un esfuerzo coordinado con Carabineros para mantener la seguridad en rutas y puntos críticos. Por su parte, Galo Luna, delegado presidencial de la Región de Coquimbo, señaló la existencia de tres puntos de corte en carreteras dentro de su jurisdicción. En estos lugares, los camiones bloquean parcialmente el tráfico, aunque se permite la circulación en ambos sentidos en algunos casos, como en El Panul. A pesar de la disposición al diálogo por parte del Gobierno, expresada por Luna, las demandas de los manifestantes parecen ir más allá de las preocupaciones cotidianas del sector. La Confederación Fuerza del Norte presentó un documento con una serie de exigencias al Gobierno, entre las que se incluyen medidas como el cierre de fronteras, la expulsión de extranjeros con antecedentes penales y el establecimiento de puntos de seguridad vial.
En una decisión unánime, el Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago ha absuelto al ex comandante en Jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba, y a su esposa, Ana María Pinochet, del delito de lavado de activos. La sentencia final se dará a conocer el próximo lunes 5 de agosto, anunciaron los magistrados tras la lectura del veredicto. La jueza Carolina Escandón, al leer el veredicto, destacó que no se pudo establecer una conexión directa entre el delito base y las maniobras de lavado de activos, específicamente relacionadas con la inyección de efectivo en cuentas corrientes y tarjetas de crédito. Esta declaración llega después de que el Ministerio Público acusara al matrimonio de utilizar fondos provenientes de los gastos reservados del Ejército para su beneficio personal. Durante el juicio, se presentaron detalles sobre cómo supuestamente Fuente-Alba y su esposa desviaron grandes sumas de dinero hacia cuentas personales, utilizándolas para la adquisición de vehículos, pagos de pie para departamentos, entre otros gastos. El fiscal centro norte, José Morales, durante los alegatos de clausura, destacó la frecuencia inusual de las operaciones en efectivo realizadas por Fuente-Alba, señalando que fue cada dos días al banco , lo cual levantó sospechas sobre la conducta del exuniformado. Sin embargo, durante la lectura de la sentencia, el tribunal cuestionó varios aspectos de la investigación liderada por el Ministerio Público. En particular, se señaló una falta de profundización en el análisis de los movimientos de las tarjetas de crédito de Fuente-Alba, lo que dificultó seguir el rastro completo de los fondos y confirmar las fuentes de ingresos y egresos. Además, se criticó el rol del comisario de la Policía de Investigaciones (PDI) Claudio Escobedo, argumentando que no se dieron cuenta de las diligencias realizadas sobre el delito de lavado de activos, y se destacó la necesidad de evidencias sólidas y antecedentes verificables para respaldar las conclusiones de manera contundente. En este contexto, se plantearondudas razonables sobre la solidez de la imputación, especialmente en relación con la inconsistencia entre el análisis patrimonial realizado por el perito Cristian Álvarez y la acusación presentada, desde el punto de vista del incremento patrimonial.
En medio del paro indefinido convocado por camioneros del norte de Chile para protestar por la inseguridad en la región, el Ministro de Hacienda, Mario Marcel, expresó su desconcierto ante esta medida de fuerza. En declaraciones a Radio ADN, Marcel afirmó que resulta difícil de entender la paralización, especialmente cuando el Gobierno está dedicado prioritariamente a abordar el tema de la seguridad. Las reivindicaciones de estos grupos (en materia de seguridad) son temas que están en el primer lugar de la agenda del Gobierno, entonces es difícil entender este tipo de paralizaciones cuando el Gobierno está dedicado en gran medida a enfrentar este tipo de situaciones . Asimismo, señaló que “en general, las paralizaciones parciales tienen un impacto más bien limitado en lo económico, y que depende hasta dónde se altera la libre circulación . El paro, que comenzó a la medianoche del lunes, ha generado importantes alteraciones en el tráfico, especialmente en regiones como Arica y Antofagasta, donde se han reportado cortes de tránsito en algunas rutas clave. La Confederación Fuerza del Norte, principal convocante de la movilización, ha presentado un documento con una serie de exigencias destinadas a mejorar la seguridad vial de los trabajadores del transporte de carga, incluyendo la solicitud de declarar estado de excepción en la frontera y la expulsión de ciudadanos extranjeros. No obstante, es importante destacar que este paro no ha contado con el respaldo de otros importantes gremios del sector, como la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile (CNDC) ni la Confederación Nacional de Transporte de Carga (CNTC), lo que evidencia divisiones en torno a la estrategia de protesta adoptada por los camioneros del norte.
Este lunes, el Congreso Nacional se encuentra ante una jornada de vital importancia. Tanto el Senado como la Cámara de Diputadas y Diputados tendrán la tarea de votar la tan esperada ley corta de isapres, tras un extenso período de tramitación que se ha extendido por más de un año. El proyecto en discusión fue ingresado con el objetivo de establecer un mecanismo que permita cumplir con el fallo de la Corte Suprema, el cual obliga a las aseguradoras de salud a devolver los montos cobrados en exceso a sus afiliados, una suma estimada en cerca de 1.600 millones de dólares. La propuesta aprobada en la Comisión Mixta contempla diversas disposiciones, entre las que se destaca la posibilidad de que las isapres salden las deudas de sus afiliados menores de 65 años en un plazo de 13 años. Además, se permite el ajuste en el precio de los planes de salud utilizando el Indicador de Costos de la Salud (ICSA) durante un período de tres años, es decir, hasta el 2027. Se espera que la votación del proyecto se lleve a cabo durante la tarde del lunes en la Sala del Senado, programada entre las 14 y las 16:30 horas. Posteriormente, en la misma jornada, la Cámara de Diputadas y Diputados realizará su propia votación al respecto. En caso de que ambas instancias legislativas aprueben el proyecto, este quedará en condiciones de ser promulgado.
Este jueves se llevó a cabo la formalización de nueve jugadores, todos ex cadetes de Cobreloa, acusados de perpetrar una violación masiva a una joven en 2021 en la Casa Naranja. La revelación, publicada por La Tercera, identifica a los presuntos agresores como Óscar Ramírez Mendoza, Cristóbal Saravia Arredondo, Jhan Góngora Ordoñez, Rivaldo Hernández Pizarro, Nicolás Navarro Villafuerte, Patricio Romero Leiva, Lucas Román Avilés, Joaquín Agüero Núñez y Luciano Parra Villanueva. Según el testimonio de la víctima, identificada como Valentina, el brutal ataque ocurrió el 16 de septiembre de 2021, en un entorno habitado por futbolistas y cadetes del equipo. Valentina relató cómo fue agredida por ocho personas, describiendo una escena de violencia extrema donde fue golpeada con un cinturón, estrangulada y sometida mientras los agresores consumían alcohol, marihuana y cocaína. Valentina explicó que llegué a esa casa como a las 22.30 horas, me invitó un amigo que yo tenía en ese tiempo, porque era 18 de septiembre y se trataba de un asado. Yo fui con uno al baño, y llegando al baño me encuentro que hay dos personas más. Ahí intento salir del baño, y me toman de los brazos y me llevan a una pieza. Ahí habían más personas”. “Traté de escaparme, estaba shockeada, por eso no hice nada , agregó. Asimismo, señaló que fue grabada por videollamada mientras se cometía el ilícito: “Me mostraban (por la cámara) y decían ‘mira cómo tenemos a esta mina’ y se reían. Me sentía mal, me sentía sucia, pero yo decía que si me dejaba, iba a ser más rápido. Si me oponía podían hacer algo peor”. Tras casi tres años de investigación, el Ministerio Público logró reunir pruebas suficientes para formalizar a los sospechosos y solicitar su prisión preventiva, medida que será revisada este viernes. Entre las evidencias presentadas se encuentran peritajes realizados por la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de la Policía de Investigaciones (PDI), que respaldan las acusaciones de agresión sexual. Los informes médicos revelaron lesiones físicas consistentes con el relato de Valentina, corroborando la gravedad del ataque. Un informe emitido por el Hospital Carlos Cisterna de Calama confirmó signos físicos de violencia sexual evidente, respaldando así el testimonio de la víctima. Entre estas lesiones se encontraban hematomas y lesiones en la espalda, glúteos y en la zona genital. El informe de la atención en urgencia firmado por la doctora Alejandra Ledezma Soza, y que tiene fecha 17 de septiembre de 2021, concluyó: “Relato otorgado por paciente más signos físicos sugerentes de violencia sexual flagrante”. Además, se reveló que uno de los acusados, Lucas Román Avilés, no habría participado directamente en el acto, pero sí habría grabado el ataque. Aunque Valentina inicialmente había desistido de denunciar el crimen, la Fiscalía concluyó que el delito efectivamente ocurrió, respaldada por pruebas médicas y testimonios periciales.
